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El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ve complicado que los operadores privados puedan competir con Renfe en Asturias antes de ... 2030. Y es que, quiso recordar Alejandro Calvo, el marco temporal «no está establecido únicamente por el proceso de liberalización» sino más bien por la capacidad de estas empresas privadas para equiparse con material rodado de ancho variable, necesario para circular una vez superada la ciudad de León, «y eso a día de hoy no se ve cerca». Habló de al menos «cinco años», aunque asumió que estos plazos podrían agilizarse porque «hay fabricantes que están en un momento de homologación que a lo mejor facilita ese proceso y, por lo tanto, nos estamos preparando para ello».
Además, en relación con la discriminación que esto puede suponer para Asturias con respecto a otros territorios a los que ya pueden acceder las empresas privadas por no tener esta dificultad técnica, el consejero rebajó las expectativas generadas para conseguir billetes baratos en compensación por la falta de competencia. Explicó que las subvenciones al operador público que permitirían este tipo de políticas tarifarias están vinculadas a ley de movilidad sostenible, encallada en el Congreso, y reconoció que por lo tanto «no es algo sencillo».
No obstante, y asumiendo que se trata de un debate «prematuro», aseguró que el Gobierno regional ya está «analizando» las «oportunidades» y «amenazas» que tendría el proceso de liberalización de la red ferroviaria en Asturias. «No debe haber ninguna duda de que el Gobierno del Principado ve la liberalización para determinados servicios ferroviarios como una oportunidad, pero siempre con un control público estratégico», dijo Calvo, tras recordar que «no todo es bonito en la liberalización» ya que, si bien la entrada de empresas privadas puede suponer mejoras en cuanto a las tarifas en los servicios más demandados, la empresa pública es la «garante» de la igualdad y de mantener aquellos servicios y paradas con menos demanda. De este modo, aunque tildó de «obvio» que muchas empresas privadas pueden estar interesadas en ofrecer sus servicios en el corredor Asturias-Madrid, también entiende que «nadie plantearía que pueda ser rentable la liberalización en el ámbito de las cercanías», con servicios con muy poca demanda.
Calvo, que compareció este martes en la Junta General en respuesta a una interpelación del portavoz de Foro, Adrián Pumares, y una pregunta de la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco, quiso destacar que este verano se alcanzarán los dos millones de viajeros de alta velocidad por la variante. «En los cuatro primeros meses sumamos 356.000 viajeros de alta velocidad, un 60% más que el año pasado. Ese fue el salto que se produjo evidentemente con la llegada de los trenes Avril», celebró.
Por otra parte, y en respuesta a las duras críticas por parte de la diputada popular Cristina Vega calificando de «teatro» los grupos bilaterales para el control de las inversiones estatales anunciados en el año 2022, el consejero argumentó que desde aquel año «han pasado muchas cosas», como la apertura de la variante de Pajares. Así, aunque aseguró que el Principado «se reserva y tiene el compromiso del Gobierno de España sobre la posibilidad de establecer esos grupos bilaterales cuando haya que hacer un seguimiento específico de cualquier cuestión», declaró que en el ámbito de las infraestructuras su consejería dispone de otras herramientas que permiten hacer ese seguimiento, como el Plan del Corredor del Noroeste, el Plan de Cercanías o la Alianza por las Infraestructuras.
El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha vuelto a defender la última reforma fiscal acordada en el seno del Gobierno al entender que va «en la buena dirección». Lo hizo este martes en la Junta General en respuesta al PP y argumentando que la medida va a beneficiar a aquellos que menos ingresos reciben e incrementa la presión fiscal sobre los que más tienen. «Sin ser nuestro modelo perfecto, sí se encamina hacia él y vamos caminando en la buena dirección, que es una fiscalidad más justa y más progresiva, que quien más tenga pague en definitiva más y contribuya de esa manera a financiar y a sostener los servicios públicos que son esenciales para un Estado social como el que queremos garantizar en Asturias», declaró.
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